Numerosos vecinos de San Pablo e integrantes del movimiento
protagonizaron en abril acciones denunciando el abandono de un local y
reclamando su devolución para usos sociales del barrio
El próximo día 25 de septiembre, miércoles, a las 9 de la
mañana, va a tener lugar en los juzgados del Prado de San Sebastián el juicio
contra los ocho miembros del 15-M San Pablo denunciados por la policía por
“falta contra el orden público” el pasado abril, durante los actos en los que
reivindicamos, junto con un gran número de vecinos, la recuperación del antiguo
centro ADA, rebautizado en ese momento como “Centro Social La Soleá”, para usos
sociales de todos los vecinos y vecinas del barrio de San Pablo.
Este espacio, ubicado en la calle Fragua de Vulcano, s/nº, del
citado barrio, llevaba años abandonado y sucio, llegando a constituir un riesgo
de salud pública para toda la zona.
Según el Plan General de Ordenación Urbana, su uso es
“educativo” y su propiedad, en los inicios, fue del Ministerio de Educación,
siendo transferido después a la Junta de Andalucía. En el año 2006, deja de ser
propiedad pública y pasa a manos privadas, muy probablemente del entorno del
Opus Dei. Según nuestras informaciones, sobre el edificio pesa actualmente un
embargo por impago de una hipoteca de 250.400 euros y una deuda de aprox.
600.000 euros con la empresa constructora.
Debido al estado de abandono y suciedad ya comentado,
el 15M del barrio de San Pablo promovió en abril pasado una serie de
acciones para reclamar la recuperación de este espacio para el barrio, en las
que participaron gran parte del vecindario e incluso fueron apoyadas
fehacientemente por más de 500 firmas.
Los hechos denunciados por la policía sucedieron el 26 de abril.
Ese día, ante la presencia de numerosas personas: miembros del 15M,
vecinos, amigos, etc. apoyando de nuevo la ocupación del Centro para uso y
provecho del barrio, acudió la policía como consecuencia de la denuncia de los
directivos de la asociación ADA. Para evitar conflictos, unos cuantos de los
presentes intentaron de una manera pacífica y dialogante, explicar a la policía
los motivos de la concentración de tantas personas defendiendo el Centro
Social “La Soleá”.
La policía respondió de forma violenta intentando detener al
compañero abogado del 15M. A partir de este momento, pidieron la
documentación a muchos de los presentes y a ocho de ellos, incluyendo al
abogado y según notificación posterior, los denunció por “faltas contra el orden
público”. El relato de los hechos que figura en la denuncia está lleno de
falsedades y mentiras.
A día de hoy, primeros de septiembre, el edificio vuelve a estar
vacío, sin aportar ninguna utilidad al barrio y sí, en cambio, con bolsas de
basura y cristales en su interior que vuelven a hacer de él un foco de
infección e insalubridad.
Insistimos en que las acciones reclamando la devolución de este
espacio al barrio de San Pablo contaron con el apoyo de numerosos vecinos, unos
quinientos de los cuales dejaron constancia del mismo con su firma. Y ello,
según sus propias manifestaciones, porque el abandono actual es un perjuicio
para todos y un despilfarro inaceptable en un barrio con tantas carencias como
éste.
Queremos destacar, por último, que los ocho denunciados, a los
que se va a juzgar el próximo 25, no son más que una representación, elegida
sin ton ni son por la policía, del gran número de personas que reclamaron y
siguen reclamando la devolución de este espacio para uso del barrio y que
consideran su abandono una injusticia y un desprecio a todos los vecinos/as.
Creemos, por tanto, que cualquiera de los que allí estuvimos podríamos haber
sido denunciados y que el objetivo de la denuncia policial y juicio
consiguiente es, fundamentalmente, acobardar a los vecinos para que no reclamen
lo que consideran justo y acepten resignadamente “el orden” que nos imponen los
poderosos.
Una vez más, las Fuerzas de Seguridad han actuado como fuerza represiva, poniendo el derecho a la propiedad de unos dueños que tienen el local abandonado desde hace años y no se preocupan por el perjuicio que causan al barrio, por encima del derecho de los vecinos vecinas a la recuperación y uso social del mismo, más teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, que el local tiene asignado un uso educativo en el Plan General de Ordenación Urbana.
