Ocho miembros del 15M que
estuvieron presentes en las movilizaciones de abril reivindicando un uso social
de los locales del antiguo Centro de Formación Profesional ADA, rebautizado
aquellos días como Centro Social “La Soleá”, han recibido
una citación judicial al haber sido denunciados por la Policía Nacional por una
“falta contra el orden público”. El juicio tendrá lugar el 25 de septiembre en
los juzgados del Prado de San Sebastián.
Como se sabe, este centro,
ubicado en la calle Fragua de Vulcano del Polígono de San Pablo, llevaba años
abandonado y sucio, llegando a constituir un riesgo de salud pública para todos
los vecinos. Destinado a usos educativos del barrio en el Plan General de
Ordenación Urbana, fue en sus inicios de propiedad pública (Mº de Educación y
posteriormente Junta de Andalucía) para pasar en el año 2006, presumiblemente a
manos del entorno del Opus Dei. Según nuestras informaciones, sobre el edificio
pesa actualmente un embargo por impago de una hipoteca de 250.400 euros y una
deuda de aprox. 600.000 euros con la empresa constructora ¡¡Y NO LES PASA NADA,
NI DESAHUCIO, NI MULTA, NADA DE NADA!!
El estado de abandono en que se
encontraba, llevó al 15M del
barrio de San Pablo a promover, la primavera pasada, una serie de acciones para
reclamar la recuperación de este espacio para todos los vecinos y vecinas,
acciones en las que participaron gran parte del vecindario e incluso fueron
apoyadas fehacientemente por más de 500 firmas.
Los hechos denunciados
sucedieron el 26 de abril. Ese día, ante la presencia de numerosas personas:
miembros del 15M, vecinos, amigos, etc. apoyando de
nuevo la ocupación del Centro para uso y provecho del barrio, acudió la policía
como consecuencia de la denuncia de los directivos de la asociación ADA. Para
evitar conflictos, unos cuantos de los presentes intentaron de una manera
pacífica y dialogante, explicar a la policía los motivos de la concentración de
tantas personas defendiendo el Centro Social “La Soleá”.
La policía respondió de forma violenta intentando detener al
compañero abogado del 15M. A partir de este momento,
pidieron la documentación de unos cuantos de los presentes (en total ocho
incluido el abogado) y a todos ellos se les acusa de “faltas contra el orden
público”. El relato de los hechos que figura en la denuncia está lleno de
falsedades y mentiras.
A esta denuncia ya en curso por “falta contra el orden público”
presentada por cinco agentes de la Policía Nacional, se sumará probablemente la
presentada por la “propiedad del Centro” por presunta ocupación ilegal, de la
que todavía no se ha recibido notificación.
Por nuestra parte, los miembros de la Asamblea 15M San Pablo
seguimos denunciando la ilegalidad y la inmoralidad de que un espacio destinado
al uso social y el disfrute de los vecinos de un barrio obrero como es San
Pablo esté abandonado desde hace 4 años. Denunciamos también la dejación de
funciones y pasividad de los poderes públicos, que no hacen valer el bien común
y el derecho del conjunto de los vecinos/as sobre los intereses particulares.
Queremos condenar, por último,
el hecho de que las denuncias y las multas que con tanta profusión se están
imponiendo últimamente en todos los actos de movilización ciudadana, pretenden
ser una medida de coacción para acallar estas movilizaciones, asfixiando
económicamente a los colectivos que con más crudeza (por paro, desahucios,
malnutrición…) estamos pagando esta crisis. Ahora bien, aunque más dificultades
tengamos para pagarlas, motivos mayores nos llenan de razón para seguir
movilizándonos.
15M SAN PABLO, junio 2013
