Numerosos vecinos de San Pablo e integrantes del movimiento protagonizaron en el pasado mes de abril acciones denunciando el abandono de un local y reclamando su devolución para usos sociales del barrio.
El Juicio tendrá lugar este viernes 29 de noviembre a las 9.30 de la mañana, en los juzgados del Prado de San Sebastián contra los ocho miembros del 15M San Pablo denunciados el pasado mes de abril por la policía por “falta contra el orden público”. Es la continuación del suspendido el pasado 25 de setiembre. En esas concentraciones reivindicamos, junto con un gran número de vecinos, la recuperación del antiguo centro ADA, rebautizado en ese momento como “Centro Social La Soleá”, para usos sociales de todos los vecinos y vecinas del barrio de San Pablo.
Este espacio, ubicado en la calle Fragua de Vulcano, s/nº, del citado barrio, llevaba años abandonado y sucio, llegando a constituir un riesgo de salud pública para toda la zona.
Según el Plan General de Ordenación Urbana, su uso es “educativo” y su propiedad, en los inicios, fue del Ministerio de Educación, siendo transferido después a la Junta de Andalucía. En el año 2006, deja de ser propiedad pública y pasa a manos privadas, muy probablemente del entorno del Opus Dei. Según nuestras informaciones, sobre el edificio pesa actualmente un embargo por impago de un préstamo hipotecario de 250.400 euros y una deuda de aproximadamente 600.000 euros con la empresa constructora.
Debido al estado de abandono y suciedad ya comentado, el 15M del barrio de San Pablo promovió en abril pasado una serie de acciones para reclamar la recuperación de este espacio para el barrio, en las que participaron gran parte del vecindario e incluso fueron apoyadas fehacientemente por más de 500 firmas.
Los hechos denunciados por la policía sucedieron el 12 de abril. Ese día, ante la presencia de numerosas personas, miembros del 15M, vecinos, amigos, etc. apoyando de nuevo desde el exterior la ocupación del Centro para uso y provecho del barrio, acudió la policía como consecuencia de la denuncia de los directivos de la asociación ADA. Para evitar conflictos, unos cuantos de los presentes intentaron de una manera pacífica y dialogante, explicar a la policía los motivos de la concentración de tantas personas defendiendo el Centro Social “La Soleá”.
La policía respondió de forma violenta intentando detener al compañero abogado del 15M. A partir de este momento, pidieron la documentación a muchos de los presentes y a ocho de ellos, incluyendo al abogado y según notificación posterior, los denunció por “faltas contra el orden público”. El relato de los hechos que figura en la denuncia está lleno de falsedades y mentiras.
Paralelamente, pese a no haber habido ninguna filiación de los ocupantes según manifestó la propiedad en su denuncia de ese mismo día 12, a esos 8 compañeros identificados por la policía por concentrarse en el exterior del recinto también se les “adjudica” sin razón ni prueba alguna la ocupación del espacio abandonado, citándoseles para declarar por esos hechos el mismo 29.
A día de hoy, mediados de noviembre, el edificio continúa en su mayor parte sin ser de utilidad, excepto por un pequeño espacio que ha sido cedido a RedMadre, una asociación con clara orientación anti-abortista. Estamos ante un espacio infrautilizado y sin prestar los servicios de carácter formativo que el barrio demanda y para el que está legalmente destinado.
Insistimos en que las acciones reclamando la devolución de este espacio al barrio de San Pablo contaron con el apoyo de numerosos vecinos, unos quinientos de los cuales dejaron constancia del mismo con su firma. Y ello, según sus propias manifestaciones, porque el abandono actual es un perjuicio para todos y un despilfarro inaceptable en un barrio con tantas carencias como éste.
Queremos destacar, por último, que los ocho denunciados, a los que se va a juzgar el próximo 29, no son más que una representación, elegida sin ton ni son por la policía, del gran número de personas que reclamaron y siguen reclamando la devolución de este espacio para uso del barrio y que consideran su abandono una injusticia y un desprecio a todos los vecinos/as. Creemos, por tanto, que cualquiera de los que allí estuvimos podríamos haber sido denunciados y que el objetivo de la denuncia policial y juicio consiguiente es, fundamentalmente, acobardar a los vecinos para que no reclamen lo que consideran justo y acepten resignadamente “el orden” que nos imponen los poderosos.
Una vez más, las Fuerzas de Seguridad han actuado como fuerza represiva, poniendo el derecho a la propiedad de unos dueños que tienen el local abandonado desde hace años y no se preocupan por el perjuicio que causan al barrio, por encima del derecho de los vecinos y vecinas a la recuperación y uso social del mismo, más teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, que el local tiene asignado un uso educativo en el Plan General de Ordenación Urbana.
Convocamos a los vecinos de Sevilla a concentrarnos a las puertas de los Juzgados el día del juicio a fin de manifestarles a los 8 compañeros citados a declarar todo nuestro apoyo y solidaridad.
ASAMBLEA 15M San Pablo–Santa Justa–Nervión
